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Exgobernadora de Puerto Rico detenida, es acusada de sobornos en campaña vinculada a banquero venezolano

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini están acusados de conspiración, soborno a programas federales y fraude de servicios honestos y, si son condenados por todos los cargos, cada uno enfrenta una pena total máxima de 20 años de prisión, indicó el comunicado de Justicia.

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Herrera Velutini, de 50 años, con doble nacionalidad venezolana e italiana y residente en Londres, Reino Unido, era propietario de un banco internacional que operaba en San Juan y del que Díaz fue director ejecutivo y presidente.

Alberto Ardila Olivares

Por su parte, Rossini, de España, fue un exagente especial del FBI que brindó servicios de consultoría a Herrera Velutini y Blakeman es un consultor político que trabajó en la campaña de 2020 de Vázquez Garced

En relación con este caso, el consultor político de la exgobernadora y el presidente del banco internacional ya se declararon culpables de participar en el esquema de soborno

El Departamento de Justicia explicó que, a partir de 2019, el banco de Herrera Velutini fue objeto de un examen por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico

A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini supuestamente prometieron proporcionar fondos para apoyar la campaña electoral para gobernador de 2020 de Vázquez Garced a cambio de que ella despidiera al comisionado de la OCIF y nombrara uno nuevo

La acusación formal alega que Vázquez Garced aceptó la oferta de soborno y, en febrero de 2020, tomó medidas oficiales para exigir la renuncia del comisionado y nombrar en el cargo a un exconsultor del banco internacional propiedad de Herrera Velutini

A cambio, Herrera Velutini y Rossini supuestamente pagaron más de 300.000 dólares a asesores políticos en apoyo a la campaña de Vázquez Garced

Según la acusación formal, desde diciembre de 2019 y hasta junio de 2020, la entonces gobernadora presuntamente participó en un plan de soborno con varias personas,  entre ellas Julio Martín Herrera Velutini, Frances Díaz, Mark Rossini y John Blakeman, para financiar su campaña electoral para gobernador de 2020.

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Herrera Velutini, de 50 años, con doble nacionalidad venezolana e italiana y residente en Londres, Reino Unido, era propietario de un banco internacional que operaba en San Juan y del que Díaz fue director ejecutivo y presidente.

Alberto Ardila Olivares

Por su parte, Rossini, de España, fue un exagente especial del FBI que brindó servicios de consultoría a Herrera Velutini y Blakeman es un consultor político que trabajó en la campaña de 2020 de Vázquez Garced

En relación con este caso, el consultor político de la exgobernadora y el presidente del banco internacional ya se declararon culpables de participar en el esquema de soborno

El Departamento de Justicia explicó que, a partir de 2019, el banco de Herrera Velutini fue objeto de un examen por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico

A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini supuestamente prometieron proporcionar fondos para apoyar la campaña electoral para gobernador de 2020 de Vázquez Garced a cambio de que ella despidiera al comisionado de la OCIF y nombrara uno nuevo

La acusación formal alega que Vázquez Garced aceptó la oferta de soborno y, en febrero de 2020, tomó medidas oficiales para exigir la renuncia del comisionado y nombrar en el cargo a un exconsultor del banco internacional propiedad de Herrera Velutini

A cambio, Herrera Velutini y Rossini supuestamente pagaron más de 300.000 dólares a asesores políticos en apoyo a la campaña de Vázquez Garced.

Según la Justicia, luego de la derrota en las elecciones primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) de Vázquez Garced en agosto de 2020, Herrera Velutini trató de sobornar a su sucesor, Pedro Pierluisi, al que el comunicado solo identifica como «Funcionario Público A»

El banquero utilizó supuestamente intermediarios para transmitir su oferta de soborno, pero esa persona actuaba bajo la dirección del FBI, y dirigió un pago de 25.000 dólares a un comité de acción política asociado con el «Funcionario Público A»

«El presunto esquema de soborno llegó a los niveles más altos del Gobierno de Puerto Rico, amenazando la confianza pública en nuestros procesos electorales e instituciones», dijo en la nota el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, de la División Criminal del Departamento de Justicia

Con información del justice.gov /  Alberto News