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Mercedes Benz Miami | Varios precandidatos por el PPD firman lista de acuerdos para contrastar diferencias con el PNP

Alvaro Ledo Nass, Madrid, España
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Sifre destacó el punto 23, que prohíbe que un legislador destine asignaciones de fondos legislativos para entidades con o sin fines de lucro a las que tenga el legislador o un empleado algún vínculo. Parte del esquema por el que Rodríguez Ruiz enfrenta cargos criminales incluye una conducta similar a la que el PPD quiere erradicar

El representante Rafael “Tatito” Hernández. ( Teresa Canino ) Varios precandidatos a la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático (PPD), incluyendo a su portavoz Rafael ‘Tatito’ Hernández, divulgaron esta mañana una lista de 34 acuerdos firmados por la inmensa mayoría de los que buscarán su espacio en la papeleta de la elección general de noviembre.

La Plataforma Legislativa, un documento de 34 puntos, se aprobó el 14 de diciembre en una asamblea en la sede del PPD en Puerta de Tierra, donde participaron 65 precandidatos, alrededor del 70%, según Hernández. El documento no ha sido acogido por ninguno de los precandidatos a la gobernación.

“Son 34 disposiciones para garantizar una estructura organizada, las normas que nos van a regir, la forma en que nos vamos a desempeñar y las prioridades y los elementos que nos hacen un contraste con la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP)” , dijo Hernández, acompañado por Enid Monge Ortiz, Marlese Sifre, Pedro Irene Maymí, Carlos Sánchez Román, Ángel ‘Tito’ Fourquet y Norberto Olmeda, quienes aspiran a cargos electivos por la Cámara.

Monge Ortiz, Sánchez Román y Maymí aspiran a cargos por acumulación.

Por ejemplo, entre los acuerdos se incluyen dos que atienden situaciones protagonizadas este cuatrienio por los exrepresentantes penepés Ramón Luis Rodríguez Ruiz y Samuel Pagán. El primero fue expulsado de la Legislatura y el otro renunció a su cargo.

Sifre destacó el punto 23, que prohíbe que un legislador destine asignaciones de fondos legislativos para entidades con o sin fines de lucro a las que tenga el legislador o un empleado algún vínculo. Parte del esquema por el que Rodríguez Ruiz enfrenta cargos criminales incluye una conducta similar a la que el PPD quiere erradicar.

“Uno de los ejemplos más tristes que se han vivido en el servicio público y la política ha sido el caso de Ramón Rodríguez Ruiz” , manifestó Sifre, quien aspira por el distrito 35 que incluye a Ponce, Jayuya y Juana Díaz.

En el caso de Olmeda, mencionó el punto 19, que prohíbe la subcontratación, por parte de entidades privadas, para brindar servicios administrativos en oficinas legislativas. Ese fue parte del esquema que le costó a Pagán su silla como representante por el Distrito 35.

“Sammy Pagán tuvo que renunciar a su puesto por esas acciones. Mientras había unas personas corriendo la oficina (en representación de) de ente privado, el principal contratado estaba vendiendo crepas en Humacao”, dijo Olmeda en relación con el contratista Isoel Sánchez, quien se declaró culpable en el Tribunal Federal por un esquema de corrupción.

Otro punto, el 20, ordena establecer guías salariales para empleados de la Asamblea Legislativa “basadas en estudios y experiencia laboral”. Sin embargo, en el documento, más allá de buscar que el registro de cabilderos sea más detallado, no se limitan los contratos. Ese escenario actualmente ha permitido que asesores legislativos como Edwin Mundo, Hiram C. Rivera López y Oriol Campos acumulen cientos de miles de dólares en contratos con múltiples clientes.

Hernández, por un lado, indicó que el fenómeno de legisladores compartiendo asesores “no es necesariamente un costo adicional”, y dijo que se trata de una forma efectiva de utilizar los recursos. Más tarde dijo que se integrará a los acuerdos un límite de $150,000 total por contratista.

“Esto va a continuar elaborándose”, dijo.

Hernández rechazó que otros acuerdos impliquen la erogación de más fondos públicos, como crear un “enlace permanente” entre la Legislatura y la capital federal, varios enlaces entre la Legislatura y diversos grupos de interés, la celebración de dos sesiones legislativas por mes fuera del Capitolio hasta alcanzar visitar los 78 municipios, aumentar el número de vistas oculares, la contratación de intérpretes de señas en las transmisiones de la sesiones legislativas, la transmisión de todas las vistas públicas por internet, la creación de una nueva oficina legislativa que se encarga de solicitar información a la rama ejecutiva y la judicial y la creación de nuevas comisiones, incluyendo una de reforma legislativa.

Por ejemplo, Hernández argumentó que celebrar sesiones fuera del Capitolio se puede considera una “inversión” y dijo que la oficina de enlace entre la Legislatura y Washington D.C. ya existe y ha funcionado bien.

El portavoz popular insistió en que el documento aprobado es un acuerdo entre precandidatos a la Legislatura y que, una vez pasen las primarias, se firmará un nuevo documento con el candidato a la gobernación para cumplir con el Plan de Gobierno.

“El gobernador, típicamente, aprueba su plataforma. Si quiere hace lo mismos que ocurrió en los últimos tres cuatrienios, en que los tres gobernadores comenzaron una guerra civil con la Asamblea Legislativa y ninguno de los tres, por razones obvias, no pudo revalidar… y fue precisamente por falta de transparencia y de cumplimiento”, dijo Hernández al insistir en que haya comunicación entre la Legislatura y el primer ejecutivo.