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Proceso abierto contra Morales «por terrorismo»

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Si prospera un juicio en su contra, enfrentaría un castigo 30 años de cárcel

Una indígena boliviana llora ante la tumba de uno de los caídos durante los enfrentamientos de los partidarios de Evo Morales con la policía. El expresidente Evo Morales, exiliado en México, comenzó a ser investigado por «sedición y terrorismo», en una movida del gobierno provisional que podría encender aún más los ánimos y complicar la solución a la violenta crisis en Bolivia.

Este viernes, la fiscalía abrió el proceso contra Morales a partir de una denuncia presentada por el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.

El funcionario acudió a la justicia con un audio como prueba. En la grabación revelada el miércoles, se escucha supuestamente a Morales dando instrucciones a un partidario cocalero para cercar a las ciudades e interrumpir el suministro de comida, mediante el bloqueo de vías.

«Estamos pidiendo la máxima pena por sedición y terrorismo», afirmó Murillo.

El exgobernante de 60 años había enviado un tuit el día anterior en el que denunciaba los planes del gobierno de Jeanine Áñez para enredarlo en un «juicio internacional» con base en un «montaje».

De su lado el fiscal general, Juan Lanchipa, dijo que le pedirá a la cancillería que «ponga en conocimiento de las autoridades de México el inicio de investigación» contra Morales, quien en principio sería investigado sin fuero especial, en su condición de expresidente.

Si prospera un juicio en su contra, enfrentaría un castigo 30 años de cárcel.

El ministro Murillo denunció igualmente al exministro Juan Ramón Quintana, ex hombre fuerte en el saliente gobierno, por los mismos cargos contra Morales. Su paradero es desconocido.

El nuevo giro que podría dar la crisis boliviana coincide con la expectativa frente a una convocatoria a elecciones y la anulación del proceso del 20 de octubre.

Con mayoría en el Congreso bicameral, el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), busca un acuerdo con las antiguas fuerzas de oposición para renovar el Tribunal Supremo Electoral y dar paso a nuevos comicios, tras la renuncia del exmandatario el 10 de noviembre.

El gobierno provisional y el MAS presentaron sendas propuestas para tal fin. Dentro del partido de Morales, hay voces a favor y en contra de que se le permita una nueva postulación del exjefe de Estado.

El primer presidente indígena de Bolivia dejó el poder que ejerció por 13 años, a raíz del estallido social que siguió a las denuncias de fraude durante el proceso electoral. Los militares y la policía le retiraron el apoyo, tras lo cual Morales partió exiliado a México denunciando un golpe de Estado.

Sin embargo, la sucesión no trajo la calma.

Presionada por las protestas de los seguidores de su adversario político, la exsenadora Áñez podría incluso avivar las llamas del descontento de un sector indígena y campesino que apoya a Morales, y que en los últimos días ha librado fuertes choques con la policía y los militares.

En un mes de crisis ya son 32 los bolivianos que han muerto en las calles, al menos 17 de ellos a bala en los enfrentamientos con fuerzas oficiales. Las protestas han generado desabastecimiento en La Paz, donde se han disparado los precios y se multiplican las filas para conseguir comida y combustible.

Este viernes Áñez, en una declaración a la prensa, clamó a sus opositores que la dejen cumplir con su trabajo por el «tiempo corto» que estará en el poder, ante las protestas que asfixian a La Paz, la capital administrativa.

«Este es un gobierno de estricto carácter provisorio y tiene como propósito la pacificación del país y la convocatoria de elecciones libres y transparentes en el más breve tiempo», añadió la exparlamentaria luego en un acto ante el cuerpo diplomático.

El jueves el gobierno interino protestó ante México por la supuesta violación de Morales a los «principios que rigen la institución de asilo político».

La Paz está furiosa con la administración de Andrés Manuel López Obrador por permitirle al exjefe de Estado efectuar declaraciones que a su juicio evidencian una «actividad conspirativa» contra Áñez.

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